La fiebre de los celulares II

Banda negativa

A través de sus respectivas divisiones de prensa las prestadoras dicen abiertamente que las denuncias por desaparición de celulares aumentaron a partir de la crisis, aunque sin dar números. Es último lo hace una fuente con un alto cargo en una de ellas: habla unos 300 mil equipos por año y, también “off the record”, admite que la fuerte competencia por ganar abonados presiona para flexibilizar las regulaciones que impedirían el retorno de equipos ilegales al sistema. Es lógico, aquella compañía que logró sentar frente a su escritorio un cliente potencial con un aparato en la mano, ansioso por adquirir una línea, no quiere espantarlo poniéndole palos en la rueda. Mientras los libros registren la entrada de un cliente nuevo, no hay razón para preguntar el origen del aparato. La vaguedad en el control comienza al momento de registrar el motivo de la desaparición del equipo, ya que lo que el cliente hace al llamar a la compañía es simplemente informar que éste no está ya en su poder, sea por robo, pérdida o rotura. Hacia adentro, las empresas no discriminan la causa. El robo propiamente dicho es una denuncia policial, y como casi nadie la realiza, es algo que queda sin registro.

Técnicamente, siempre según la fuente citada, la posibilidad de que los equipos ilegales reingresen al sistema es nula. A partir de 1996 una base (la banda negativa) cruza datos de las 4 proveedoras y actualiza cada 8 horas los aparatos denunciados como desaparecidos. El problema es el “hackeo” o cambio de identidad, es decir, el fraguado de un terminal habilitado al incorporar su número de serie a otro, y la rehabilitación de terminales robados o extraviados cambiándoles el número de equipo tomado de terminales que no fueron comercializados en el país. Los que complican el control del hackeo son los bolseros, y no sólo los ilegítimos. Sin salir de la legalidad, ansiosas por el volumen de ventas que permite, las compañías venden bloques de terminales a grandes distribuidores (Musimundo y Garbarino, por ejemplo). Estos, que funcionan como bolseros legales, pueden o no tomar los recaudos cuando transfieren el celular al cliente final.

Control vs. ventas

Al menos sobre este aspecto de la crisis el gobierno de Néstor Kirchner demostró tener buenos reflejos. Desde la secretaría de Seguridad y a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C.) las acciones fueron rápidas. De los siete puntos del Petitorio Blumberg, el relativo al control de la telefonía celular fue el primero en recibir respuesta extra legislativa. La C.N.C. apuró la emisión de una disposición bajo la forma de ultimátum, dándole a las empresas 90 días para implementar un sistema de bloqueo automático del servicio en caso de robo o pérdida de los aparatos. "Es de conocimiento público”, señala la norma, “el crecimiento del uso de equipos destinados al servicio móvil en todas sus modalidades para la participación en actos delictivos". Así, conocer la identidad de los que llaman y reciben llamados se convirtió en el talón de Aquiles de un hipotético plan de seguridad.

El pie legislativo de dicho plan también se agilizó, desempolvando una serie de proyectos presentados tiempo atrás, a los que nadie había prestado mayor atención, tendientes a regular la venta y el alquiler de celulares. El del diputado justicialista Miguel Pichetto, por ejemplo, busca obligar a las empresas a "disponer de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones para su intervención a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Público”, a soportar los costos derivados de esta obligación, y a "dar inmediato cumplimiento a toda hora y todos los días del año". Ciertas disposiciones fueron criticadas por los organismos de derechos humanos y sectores progresistas por considerar que estimula un aumento “desmesurado” de las facultades de intervención de Estado en la vida privada de las personas. Otro proyecto, presentado por la senadora radical por el Chaco, Miriam Curletti, directamente prohíbe la reactivación de aparatos reportados como perdidos, y obliga a las prestadoras a solicitar documentos que acrediten el dominio del teléfono que se habilita.

La tercer herramienta fuerte para detectar el uso criminar de los celulares es el as que tienen en la manga la Policía Federal y la SIDE: el VAIC (Vínculos por Análisis Informáticos de las Comunicaciones), flamante sucesor del programa Excalibur (utilizado en el caso Cabezas). Este softweare especial puede rastrear 40 millones de llamadas telefónicas en segundos y reconstruir la red de comunicaciones que se realizaron desde un determinado número: de dónde recibió llamados, hacia qué teléfonos los hizo y a su vez estos números con qué otros se conectaron.

En el vértice de la problemática se juntan, por un lado, la necesidad de control a que llevan los apremios políticos del Gobierno, en un momento en que la seguridad aparece como el punto candente de la agenda; y por otro, la necesidad de impedir cualquier tipo de regulación, anhelada por las empresas de telefonía celular que, dada la situación de euforia que vive el sector, se ven presionadas a inundar el mercado con terminales, sin que importe gran cosa su procedencia o la identidad de sus usuarios.